Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

Esta conmemoración fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, en cuyo artículo 2 se establece que: “En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.

El 24 de marzo se propone como un día de reflexión y análisis para que toda la población comprenda las graves consecuencias sociales, políticas y económicas de la última dictadura militar. También para que todos y todas asumamos el compromiso en la defensa y vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución nacional, y el fortalecimiento del régimen político democrático. Esta no era la primera dictadura que atravesaba la Argentina, pero sí la única que se caracterizó con la expresión «terrorismo de Estado». Esto se debe a algunas características singulares que la distinguen de las anteriores: la desaparición forzada y sistemática de personas, la instalación y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención en todo el país, la apropiación sistemática de menores, los delitos sexuales, la censura y las prohibiciones en el ámbito cultural, el ejercicio del terror como forma de disciplina de toda la sociedad. Entre 1976 y 1983 hubo 30.000 personas detenidas desaparecidas. Ciudadanos y ciudadanas que resultaron víctimas de la represión cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. Las consecuencias de todo lo vivido durante esos años continúan en el presente. El proceso de justicia sobre estos crímenes se constituyó en una de las vías posibles para reconstruir esa historia, acercarse a la verdad y sentar las bases de la democracia duradera.