El debate en torno al rol que debe tener el Estado en la lucha contra la violencia de género volvió a ponerse en agenda tras el caso de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en la localidad entrerriana de Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre de 30 años con antecedentes, que estuvo preso por dos casos de violación y evadió la condena por un tercero.

La existencia de una ley nacional 26.879 que contempla la posibilidad de crear lo que comúnmente se conoce como “registro de violadores”  es en realidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, una iniciativa que se convirtió en ley hace cuatro años, tras el caso de Angeles Rawson.

Por su parte, la diputada nacional Margarita Stolbizer habló de la urgencia de “activar la Emergencia Nacional por violencia de género y hacer efectiva la implementación de la ley 26.485”, de Protección Integral a las Mujeres.

Si bien el avance en materia legislativa constituye, sin duda, un aliento en la lucha contra la violencia de género, la problemática, signada por las características patriarcales de una sociedad que no está exenta de un conflicto que se extiende a lo largo y ancho del planeta, aparece más compleja y de difícil resolución. Todos los crímenes que toman estado público, ya sea por los detalles escabrosos que sirven de insumo a los grandes medios de comunicación, o por las particularidades de las víctimas, son un puntapié para el reclamo de lo que falta por hacer. ¿Pero cuáles son las herramientas que hoy en día están vigentes y cómo funcionan?

La Provincia de Buenos Aires cuenta, desde fin de 2009 (ley 13.869), con el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia e incluye, además de todos los datos particulares del condenado y la causa, otra información vinculada a la trayectoria  educativa, laboral, familiar y social, a los fines de su seguimiento y acompañamiento durante su condena y post-egreso.

También se releva información relacionada con libertades anticipadas y otros beneficios, unificación de causas, nuevos domicilios y reincidencia, entre otras. Según el fiscal Alvaro Garganta, este registro es efectivo porque “la experiencia indica que el mayor número de reincidencias se da en este tipo de delitos”.

La ley  13.869, está dividida en dos secciones: la primera corresponde al mencionado registro de violadores. La segunda sienta las bases para la creación de un banco genético cuya información sólo estará disponible para los investigadores.

El banco genético será una herramienta fundamental para identificar y buscar delincuentes, sean violadores, homicidas o secuestradores, entre otros. La base de datos dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Se incluirán los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las investigaciones penales efectuadas en los términos y con las garantías del Código de Procedimiento Penal.

También en aquellas en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas.

«Esta sección del registro será secreta, pero su información podrá ser utilizada con previa autorización judicial»

Sin embargo, la creación del mismo no ha logrado torcer las estadísticas, que indican que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas. Desde los organismos de derechos humanos analizan “los orígenes en la problemática cultural, que es el machismo instalado en una sociedad que está completamente atravesada por esta lógica y estos patrones, que propician y son el origen de casos como el de Micaela. Datos oficiales mencionados en los fundamentos de la norma indican que en lo que va del año se denunció un ataque sexual cada 150 minutos en las distintas fiscalías del país. En la mitad de los casos las víctimas fueron menores.

«Una cuestión para tener en cuenta y altamente preocupante es que sólo un tercio de los casos son denunciados. De ese porcentaje un escaso y perturbador 10% de las causas termina con los agresores detenidos».