La normativa que busca combatir los delitos de privados contra la administración pública se enmarca en los cambios impulsados por la gestión de María Eugenia Vidal en el Poder Judicial. Desde la asunción del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en junio de 2016, la gestión bonaerense de Cambiemos avanzó en una serie de reformas judiciales con el objetivo de acercar el sistema a la víctima y dotar de transparencia y celeridad. Por caso, en los últimos días y por primera vez en su historia, se estableció el orden de mérito para la selección de jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores tutelares en el ámbito de la Provincia.

“Se trata de un paso más de la reforma judicial impulsada por la gobernadora, María Eugenia Vidal, y es consecuencia de la ley sancionada el año pasado que establecía la obligación de contar con un orden de mérito para elegir a los magistrados”, indicaron desde del Ejecutivo bonaerense.

Claro está, el orden de mérito establece que para formar las ternas de candidatos, que luego son elevadas a la gobernadora para que elija uno para el cargo de magistrado, el Consejo de la Magistratura debe priorizar a los que hayan quedado mejores posicionados.

En ese sentido, y con el fin de avanzar en la reforma de la Justicia, el próximo miércoles se presentará un proyecto de Ley para avanzar en el Juzgamiento de Personas Jurídicas Privadas. Según pudo saber LaTecla.info, el mismo tiene como objetivo crear un ámbito de penalización a nivel provincial, en línea con la legislación nacional.

El proyecto que lleva la firma del senador bonaerense por la Cuarta sección electoral, Leandro Blanco, será apuntalado por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, desde las 11.30hs, en el Salón Cafiero del Senado bonaerense.

Conforme a lo detallado, el proyecto de ley se encuentra en consonancia con la política que tiende a refundar la administración de justicia provincial teniendo como pilares básicos a la transparencia e igualdad para todos los bonaerenses.

“La corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho”, señalaron desde el Gobierno y aseveraron que el combate contra la misma “es uno de los ejes fundamentales de afianzamiento de la administración pública”. Así, la Ley apuesta a “comprobar judicialmente la eventual participación de la empresa en el hecho”.

De esa manera, explicaron que “la falta de regulación sobre dicha cuestión ha dejado ciertos aspectos procesales en manos del Juez, lo que supone que la persona jurídica ingresa al proceso con incertidumbre. Es un hecho que los delitos efectuados a través de una estructura societaria confieren a los autores posibilidades de desvincularse del hecho y obstaculizar la investigación”.

Así, desde Cambiemos apuntan a generar un marco judicial a los delitos de corrupción que puedan tener involucrados a privados.