Por el Dr. Luis Marino Ejarque

                        Las pensiones por invalidez constituyen un tema tan sensible, que cualquier político que decidiera tocarlas debería tener el tino suficiente para medir sus consecuencias.

                          El gobierno de Macri, a través de alguno de sus gerentes, tomó la decisión de liquidar de un plumazo 70000 pensiones por invalidez, invocando para ello un decreto de Menem de 1997.

                        Es muy llamativa la torpeza del funcionario que tomó esta decisión por varias razones. La primera es política: en tiempo preelectoral cualquier manual político dice lo contrario… no tomar medidas antipopulares antes de las elecciones. Aunque desde el punto de vista ético actuar de acuerdo a las necesidades del Estado, implicaría prescindir de esos intereses..puede ser malo o bueno, pero nunca hipócrita.

                        En segundo lugar haber tomado tal decisión abruptamente, cuando debería hacerse en forma paulatina, estudiando caso por caso. Es cierto que hay miles de pensiones por discapacidad otorgadas bajo paraguas político. Una muestra paradigmática del clientelismo. Los certificados de discapacidad son otorgados en la provincia de Buenos Aires, desde hace años, por las municipalidades. En Buenos Aires los certificados parten de médicos municipales, sin discriminar porcentajes, muchas veces a personas que trabajan, que no presentan patología y muchas veces por problemas de salud transitorios que el certificado transformó en permanentes.  Estas “discapacidades” las pagamos todos, con un perjuicio enorme a la población general y a las obras sociales que deben obligatoriamente brindarle toda la cobertura médica al 100 %. Este gigantesco curro significa además votos de por vida.

                        Se han encontrado todo tipo de irregularidades en el otorgamiento. Poblaciones enteras con hasta un 30 % de discapacidad, familias enteras de intendentes discapacitadas, pobladores de países vecinos cobrando pensión por discapacidad…. No hay dudas que había que tomar medidas ante semejantes abusos, el problema aquí fue la forma y la oportunidad.

                        En tercer lugar parecería saludable que haya un gobierno que sepa dar marcha atrás cuando se equivoca, pero cuando esto ocurre con mucha frecuencia es preocupante. Esto implica darle letra a una oposición inescrupulosa que, a pesar de haber aumentado las pensiones de  180.000 a mas de un millón  mientras fue gobierno con los mecanismos irregulares ya expuestos y  no duda en criticar impiadosamente la medida olvidando sus propias acciones.

                       En cuarto lugar que esta medida sea contemporánea al aumento que se otorgaron los legisladores,  la hace más patética e impopular, sobre todo cuando parte del oficialismo y apoyada por el FPV.

                       La discapacidad es un problema enorme para el Estado y para la república, sobre todo porque los recursos no son ilimitados, dependen de la actividad económica y de la solvencia de sus arcas. Difícilmente un Estado con un tercio de su población en la pobreza pueda afrontar con eficiencia este problema.