Por Eduardo Jorge Bourdieu

El caso Lucio, conocido por todos, no ha hecho más que poner a la vista de todos un fenómeno de violencia extrema hacia un niño de tan corta edad, pero esto no es una excepción, al contrario, en nuestro país como en el mundo se desarrollan muchísimos episodios de la misma naturaleza. Hace varios años el Panorama Social que publica la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), ha redactado un informe que indica que la violencia contra los niños está creciendo y se estima que alrededor de 6 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en América Latina son objeto de malos tratos y que 80.000 mueren cada año como resultado de los daños causados por sus familiares u otros. Es atroz la estadística, pero es la realidad que enfrentamos como sociedad actualmente.

Volviendo al caso Lucio, y observado a la distancia, se vislumbra que fue la consecuencia de un cúmulo de errores de los distintos estamentos del Estado, que debía prever que esto no sucediera. Es común que en la justicia de menores ceda la atención de los hijos a la madre cuando existen conflictos entre los progenitores, pero por experiencia estimo que antes de hacerlo el magistrado debe rodearse de los elementos psicológicos e informes ambientales que avalen el pedido, porque si es para obtener un beneficio económico no es suficiente. Si la jueza involucrada lo hizo por esto último, es correcto que la demanden por incumplimiento a los deberes de funcionario público, y eventualmente la destituyan porque no cumplió con sus funciones. Pero también los servicios sociales no cumplieron con el seguimiento que correspondía, de haberlo hecho se hubiera comprobado el maltrato. También en los centros de salud que atendieron a Lucio cuando observaron las lesiones debieron denunciar como la ley indica. Otro lugar donde seguramente se debió detectar la situación de violencia: es el establecimiento escolar al que concurría Lucio, los maestros siempre son los primeros en visualizar la violencia en los niños. La policía tampoco estuvo a la altura de los acontecimientos. En fin, si cada organismo estatal hubiera actuado como corresponde tal vez no tendríamos este final tan crudo.

Pero casos como el de Lucio hay muchos que no salen a la luz porque, gracias a Dios, no hay desenlaces fatales. Son numerosos los casos que se ventilan en los juzgados donde los padres se disputan la custodia de sus hijos, y las decisiones judiciales deben estar rodeadas de seguridad para el menor, objetivo fundamental, porque el niño no tiene forma de defenderse. Normalmente en esa puja familiar ambos progenitores se lanzan una batería de acusaciones que el juez debe tener en cuenta, pero sin perder su objetivo: el niño. Que como sabemos es muy fácil de manipular por parte de sus padres, y muchas veces cambian de opinión cuando están con uno de ellos. La labor de los gabinetes psicológicos es fundamental en estos casos porque lograr descubrir la verdad que se oculta detrás de esas terribles peleas entre familiares, porque también intervienen abuelos, tíos y demás parientes, algunos extrafamiliares, como las parejas. La experiencia me llevó a atender muchos casos, en la mayoría la entrevista al menor fue productiva, en otros la siquis estaba muy condicionada y hubo que recurrir a especialistas en minoridad para saber la verdad, pero siempre hay que tener algo especial y eso es “el sentido común”. Si, es el principal sentido que un juez debe tener, y después aplicar la ley. Otra ventaja en un pueblo chico es que se conoce a la gente y su entorno, por eso es difícil que se pueda engañar al magistrado. No obstante, debo reconocer que durante el tiempo que estuve en el juzgado hubo conflictos que no pude resolver, la mente humana es impredecible, a veces retorcida (caso Lucio) y eso hace que se frustre toda actividad conciliatoria entre las partes, volviendo indisoluble el conflicto familiar. Por último, el caso Lucio debe servir para que esto no se repita, que los funcionarios presten atención a cualquier manifestación violenta en un niño, porque señales hay, y que se involucren más, que no actúen como si fueran empleados públicos, porque su función entre otras cosas es defender a esa persona que no puede hacerlo por si solo: el niño. En fin, en una palabra, más compromiso.