El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, ya que implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen. Por esa razón quién está dentro de estos poderes debe limitarse a gobernar dentro del marco legal, tratando de no perjudicar al electorado que le confió su voto de confianza y también a quienes no. Es fundamental a nivel local que, en el caso del poder ejecutivo, quien lo ejerce: Javier Iguacel, lo haga sin apartarse de la carta orgánica municipal, conducir los destinos municipales como un funcionario, y no como un jefe sin control, o como se lo mencionó en alguna parte: como patrón de estancia. Esto dicho por lo sucedido últimamente con el caso de los dos empleados despedidos por un tema que recaló en toda la sociedad de Capitán Sarmiento. Se han escuchado muchas opiniones, desde las mas críticas, a las que justifican el hecho, pero lo cierto es que este problema excede lo laboral, y se mezcla con lo político. Para el ciudadano común se le pone difícil dilucidar la verdad de los hechos porque los pormenores existen en expedientes administrativos y judiciales a los cuales difícilmente se puede acceder. Lo mismo sucede a los medios de comunicación, porque hay etapas procedimentales que permanecen privadas de publicación, o consulta, salvo que sean las partes involucradas y sus letrados. Aun así, de lo que dicen públicamente los mismos involucrados, podemos evaluar: en principio que la decisión de la cesantía de los empleados municipales fue apresurada. La razón es que al momento de hacerlo no había elementos incriminatorios suficientes como adjudicarle la conducta reprochable de haber causado los incendios en el RSU. La no existencia de una causa justa, traerá consecuencias importantes para el municipio, porque si se produce un reclamo laboral en la justicia -otro órgano de contralor en la división de poderes- podrían los trabajadores obtener una indemnización pecuniaria a la cual deberá hacerse frente. Teniendo en cuenta que los tiempos judiciales no coinciden con los normales -son mas lentos- cuando se reciba la sentencia, el actual intendente no estaría en funciones, logrando así eludir las responsabilidades que su decisión apresurada ocasionaría al erario público. Es decir que al final si la cosa sale mal lo terminaríamos pagando todos los ciudadanos. Entonces esperamos que el conflicto se resuelva en forma pacífica en estos días venideros, porque sería la forma mas saludable para el pueblo. Así el intendente no tiene costo político con su medida apresurada, y los trabajadores vuelven a sus labores sin sufrir las consecuencias económicas en sus bolsillos. Por último, vimos que los gremios estatales reaccionaron tarde para defender a los trabajadores, porque actuaron cuando ya habían sido cesanteados, en conflictos en ciudades más importantes, la movilización gremial hubiera sido antes, por ejemplo, cuando fueron suspendidos, y eso no está bien.