Es revelador como los episodios que en otra época eran inusuales, ahora se convierten en algo común que ya no llama la atención, y peor aun naturalizan hechos que son delictuales. La culpa es conjunta:  por un lado los políticos que ya no ocultan sus intereses que los llevan a cometer ilícitos en forma natural y, por otro lado, la sociedad acepta que estos individuos hagan lo que hacen y no tienen ningún tipo de sanción, ya sea moral o legal. Ejemplos hay muchos y a veces vale la pena recordar, las acusaciones a la vice presidenta, al ex presidente Macri, y la caterva de funcionarios que los rodearon, cuya fila llegaría desde el centro hasta la ex ruta 8. Políticos procesados hay muchos, pero condenados pocos y los pocos son de segunda línea, porque los de la primera todavía se dan el tupé de candidatearse. Hay por allí un proyecto de ficha “limpia”, donde se le impediría a cualquier candidato que esté procesado aspirar a un cargo político, es decir que quien se proyecte para algún puesto debe estar libre de proceso judicial. Con esto ganaríamos mucho porque sólo se presentarían aquellos que por lo menos son mas honestos, y con ello nos aseguraríamos que tiene una cualidad sumamente importante para desempeñarse en el puesto que aspira. Dicho esto, nos despachamos que el intendente Iguacel, la semana pasada fue procesado por el juez Casanello, por negociaciones incompatibles con la función pública, cuando se desempeñó con titular de la Dirección Nacional de Vialidad, durante el gobierno de Macri.

Se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias, y el magistrado le trabo embargo por 10.000.000 de pesos.

Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a la obra pública. Hasta aquí la noticia por todos conocida, pero la reflexión nos llevaría a que tenemos en estos momentos un intendente procesado por la justicia, que si bien todavía no hay sentencia condenatoria, su prestigio como funcionario público está puesto en tela de juicio, y tal vez en otros tiempos la persona en un rapto de honestidad renunciaría al cargo hasta que su situación se aclare, o tal vez el HCD podría formar una comisión para juzgar si la conducta del intendente no estaría incursa dentro de los arts. 248 y 249 de la ley orgánica de las municipalidades. Esto último se aplicó en dos oportunidades en la ciudad durante el gobierno de Horacio Tapia, y de Oscar Ostoich, en ambos casos terminaron destituidos, pero en esa oportunidad el HCD estaba integrado por varios partidos políticos, en cambio hoy la mayoría absoluta que tiene en el orgánico deliberativo, hace imposible que ello ocurra. De todas formas, es bueno que la población vea lo que pasa, y después razone, porque a la hora de votar todas estas cosas no se ven. Si como pueblo no nos damos cuenta que como sociedad debemos condenar moralmente a quienes hacen de las prácticas deshonestas algo común, nunca vamos a mejorar, seguiremos en el tobogán de la decadencia en el que estamos deslizándonos desde hace 40 años. Si se quiere se puede, es una tarea de todos, pero claro la famosa “grieta” inventada por los dos partidos mayoritarios es una pantalla que nos impide ver mas allá. Los dos tienen funcionarios corruptos entre sus filas, y por lo que se ve no tienen intensiones de expulsarlos de su entorno, y si seguimos así pobre Argentina.