No podemos negar que la mayoría de los problemas que tenemos es por los políticos. No sabemos elegir. Pero también la ley no nos protege nada. Por eso es importante que se redacte una norma que no permita que las personas que tienen antecedentes penales puedan participar en una elección, enrolados en un partido político. No queremos dar ejemplos, pero en la actualidad existen varios que ocupan cargos políticos y tienen condenas firmes. Esto, por ejemplo, en empresas privadas difícilmente ocurra porque entre los elementos solicitados para emplear a una persona figura que acompañe un certificado de antecedentes penales (CAP), algo que no exigimos a quienes van a ocupar cargos políticos. De esa manera existen varios tramposos que encaramándose en cargos brindados por el mismo poder político se ocultan para seguir estafando al Pueblo. No daremos nombres, pero usted puede buscarlos en los medios públicos porque no se ocultan, los muy caraduras. Tenemos que entender que para conducir a un país y/o Provincia, y/o municipio debemos ser honestos, y tener una imagen publica “limpia”, es decir también aquellas conductas que sin ser delito configuran infracciones, ejemplo violencia familiar ejercida hacia pareja y/o hijos, no pagar la cuota alimentaria, etc.

Hay en la actualidad varias propuestas, entre ellas el proyecto de ficha limpia presentado por los senadores provinciales del bloque de Juntos, a los ya presentados por los senadores Walter Lanaro y Owen Fernández, del PRO bonaerense, y otro del diputado Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados de la Nación, para modificar tres normativas provinciales para inhabilitar la competencia electoral de quienes cuenten con antecedentes penales. Es lisa y llanamente lo que se conoce con el nombre de “ficha limpia”, el objeto es que no puedan ser candidatas a cargos partidarios las personas condenadas a penas privativas de la libertad, con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia. Ampliando el abanico de delitos que se tienen en cuenta, hasta ahora circunscriptos a penas relacionadas con delitos contra la administración pública. A delitos contra las personas; contra el orden económico y financiero; contra la integridad sexual; contra el estado civil, supresión y suposición del estado civil y de la Identidad; contra la libertad; contra la propiedad; y contra los poderes públicos y el orden constitucional. Esto se aplicaría a concejales, consejeros escolares, intendentes, funcionarios municipales, diputados y senadores bonaerenses, junto con los diferentes cargos del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto de ley impulsado por el bloque de senadores de Juntos en la Legislatura Bonaerense también persigue que los partidos políticos o alianzas, deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Como se puede ver es una buena iniciativa para depurar los cuadros políticos de la Provincia, y de la Nación, porque cuando esto se divulgue, el ejemplo debe cundir, y de esta manera tendremos el cambio que tanto reclama el Pueblo, sino volveremos al: “que se vayan todos”, y caeremos en un caos. Piénselo.