El traslado de cientos de presos a arresto domiciliario ocurrido recientemente en Argentina como medida ante la Covid-19 ha generado un intenso debate acerca de si la pandemia debería dar lugar a excarcelaciones y, en ese caso, quiénes deberían ser liberados y cómo. Es absolutamente legítimo el enojo ciudadano ante los reportes de que fueron liberadas personas implicadas en graves delitos como violaciones sexuales cuyas condenas estaban comenzando a cumplirse, o por el pedido del secretario nacional de derechos humanos Horacio Pietragalla de que se libere a personas implicadas en hechos de corrupción que tienen nexos con algunos miembros del gobierno o sus aliados, como Ricardo Jaime y Martín Báez. La presentación la hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuya repartición fue aceptada como “amicus curiae». Dijo que así se evitará un reproche internacional contra el Estado argentino por el abuso de las prisiones preventivas. Lógicamente que la gente que se encuentra haciendo cuarentena social obligatoria en sus hogares, se pregunta ¿por qué los presos no pueden hacer lo mismo en la cárcel? Muchos de los que salieron fueron apresados porque cometieron un ilícito cuando quedaron en libertad. Las dos excusas esgrimidas por el gobierno: el Covid 19 y las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las cárceles de Argentina, no resultan lo suficientemente sólidas para justificar la excarcelación de los reos. El Presidente había prometido  en épocas de elecciones que los funcionarios de la gestión del gobierno de Cristina eran unos perseguidos políticos que estaban en prisión y debían ser liberados inmediatamente y se cumplió en su mayoría –tal es el emblemático caso de Boudou- pero, faltaron un par que no pudieron salir, y allí estaba la clave. La ola arrastró a que los presos comunes también querían ser tratados de la misma forma, y el Presidente dijo: NI, pero sus funcionarios y algunos kirchneristas estiraron las palabras de Fernández para lograr que se abrieran las puertas de los penales. Cuando el presidente se dio cuenta manifestó que esa era una función del Poder Judicial, lo que provocó una serie de marchas y contramarchas de un Poder que ahora se somete a los embates políticos, y algunos jueces abrieron las puertas, mientras que otros no lo hicieron. Hasta aquí la historia cruda,  pero esta situación merece un análisis que vaya mas allá de la grieta abierta nuevamente en la sociedad. Estimamos que esto refleja que dentro del gobierno de Alberto Fernández existe una grieta que diluye el poder que tenía el presidente al iniciar la medida de la cuarentena. Ahora se ve que hay varios grupos dentro del partido gobernante que disputan día a día los pedazos de poder, haciendo que Fernández cada vez sea menos creíble. Detrás de esa imagen de amable componedor que nos muestra, hay otra persona que está manejando los hilos del poder de forma cada vez mas ostensible, poniendo en peligro el endeble mosaico democrático. No hay Poder Legislativo, no sesiona o por lo menos cada vez se demora más en funcionar, con sus idas y venidas, tampoco funciona el Poder Judicial, solo las actividades de feria, con lo que  si se quiere reclamar judicialmente por algún motivo civil, comercial, o laboral no hay donde hacerlo. En resumen el presidente tiene la suma del poder y nos tiene encerrados en nuestras casas, lo que es un antecedente sumamente peligroso para que de repente  esto se transforme en una dictadura democrática tal como la que instauró Nicolás Maduro en Venezuela. A ello debemos que además tenemos el problema de la deuda externa, y el descalabro económico del país, ahora devastado  por esta cuarentena obligatoria que dejará el tendal de empresas porque no pueden funcionar. Con todo este panorama es para que los presos piensen mucho antes de salir de la cárcel, porque dentro de poco la sociedad estará peor.