El asunto sacudió la quietud de la cuarentena. Y fue debidamente aprovechado por la prensa, que no dejó en el tintero ningún detalle del dramático episodio protagonizado en Quilmes por Jorge Adolfo Ríos, de 71 años: los tres asaltos consecutivos en su hogar durante la madrugada del 17 de julio, los vejámenes que en tales circunstancias padeció y su vertiginosa conversión de víctima a homicida, al perseguir y ejecutar a sangre fría al ladronzuelo Franco Moreyra, de 26 años –uno de sus cinco agresores– cuando este ya no representaba un peligro para él. El jubilado pasó de ser víctima a homicida.  Lo cierto es que dicho episodio reactualizó el debate sobre la justicia por mano propia, un tema que apasiona de sobremanera al espíritu público. Aún así, tal polémica persiste. Y se renueva en estudios de televisión, sobremesas y funerales. Porque andar “calzado” para evitar asaltos no parece ser un buen negocio, dada una dificultad de índole práctica: es casi imposible desenfundar, apuntar y disparar sobre alguien que lo tiene a uno encañonado. De hecho, el 77% de los homicidios en ocasión de robo se produce debido a la resistencia armada de la víctima. Una tendencia elocuente para una fuente inagotable de tragedias. Llama la atención que el eterno debate sobre la justicia por mano propia omita este detalle. Y que a su vez la figura de “legítima defensa” sea aplicada a muertes causadas con armas de fuego cuando el agresor ya no representa un peligro y también a linchamientos de delincuentes sorprendidos en flagrancia (ambas modalidades suman un promedio de 91 muertes por año; una cada 96 horas). En consecuencia, lo que realmente la sociedad discute es la legitimidad de una Doctrina de la Seguridad Vecinal, cuyo corpus teórico se cifra en dos sencillos pilares: “Hay un Estado ausente” y “La gente está cansada”. Se trata de una polémica que –por el solo hecho de serlo– pone al descubierto el gen criminal del ciudadano común. Cuando esta cuarentena se termine los funcionarios encargados de la seguridad están pronosticando un aumento considerable de delitos, pero esta ahora no hacen nada para prevenir esta hecatombe social. Entonces la figura del estado ausente se verá reflejada en toda la sociedad. Aparecerán los delincuentes y la gente –victima de sus tropelías- quedarán  a su  merced, entonces tratarán de defender lo que es suyo con lo que tengan a mano. Aquí aparecerá la justicia por mano propia. El estado debe prepararse. Un dato: el policía recién ingresado gana en mano $ 35.000 sin horas cores por la pandemia. Ese funcionario policial es el encargado de custodiar el orden y la ley, y único autorizado para portar armas. Otro dato cada vez surgen ejemplos de particulares que tienen armas en algunos casos no declaradas, es decir ilegitimas, y esto es muy peligroso, puede desatar un sinnúmero de hechos delictivos con respuesta civil. Por último la Justicia llega tarde con sus resoluciones, y eso contribuye al cansancio del ciudadano, quien exige una respuesta más rápida a los problemas de inseguridad. En fin un combo sumamente peligroso se viene asomando después de esta cuarentena. Mientras tanto los habitantes seguiremos discutiendo sobre el tema, pero no tenemos la solución, los que la tienen y deben trabajar en ello son los funcionarios del estado: ministro de seguridad,  jueces penales, y fiscales entre otros protagonistas.